Contribución  Territorial

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Por Mario Mazzitelli para Argentina en Red

La justicia fiscal

El establecimiento de una “justa contribución territorial” sería una fuente de innumerables beneficios para la inmensa mayoría de los argentinos. Permitiría eliminar muchos impuestos (como ingresos brutos, al cheque, y decenas de otros tributos), bajar el IVA a menos del 10%, invertir el sentido de la coparticipación (del municipio, hacia la provincia y la  nación, fortaleciendo el federalismo), estimularía el trabajo, la inversión (educación, ciencia, tecnología, bienes de capital, etc.), la producción (agropecuaria, industrial, servicios) y el consumo. Desalentaría la especulación y el parasitismo con la tierra; bajaría el precio de los terrenos para la felicidad de las familias jóvenes. Ocuparía con mayor racionalidad el territorio nacional (disminuyendo los grandes desiertos que aún nos quedan y poniéndolos en producción) y cuidaría mejor la tierra, el agua, los bosques, la biodiversidad, y demases.

Contribución por la tierra libre de mejoras

La vieja idea es muy buena. No se paga por las inversiones (en vivienda, producción, industria, comercio, entre otros) sobre el terreno. Se paga sobre el precio del terreno pelado. De esta manera, se transforma en un mal negocio la propiedad de tierra para especular (que es difícil de evitar y constituye una injusticia flagrante. Con solo ver la lista de los principales propietarios extranjeros, nos damos cuenta de que poseen grandes extensiones de territorio con objetivos ajenos a los de vivir y producir, que resultan -por naturaleza- los fines que justifican su posesión. Y, en cambio, es un excelente negocio cuando se usa como lugar para vivir, producir o crear una industria, ya que es tierra que se le niega a una porción importante de argentinos, por el encarecimiento fruto de la posesión parasitaria.

El nombre de Joe Lewis, uno de los empresarios británicos más emblemáticos en la actualidad tuvo repercusión nacional y mundial por el conflicto que se desarrolló en Lago Escondido, un terreno de 12.000 hectáreas ubicado a unos 40 o 50 kms de El Bolsón- cuando una serie de manifestantes reclamó la soberanía del reservorio de agua dulce.  Joe Lewis compró en condiciones dudosas las 8 mil hectáreas que rodean el Lago Escondido, un reservorio de agua glaciar en la provincia de Río Negro, lo que lo convierte en aguas de uso público y en principal punto de conflicto con el Gobierno nacional (11/12/2022 -perfil.com). Es importante mencionar que el artículo 234 de la Constitución Nacional de nuestra República dice que: “El dominio originario de los ríos interiores y de los que nacen en los países limítrofes o en ellos desaguan, y el de las islas que se formen en su curso pertenecen a la Nación; y los de los ríos navegables que atraviesan más de una provincia, a la Nación y a las provincias que atraviesen. Son ríos navegables los que por su naturaleza puedan serlo y los que se declare tales por leyes especiales”.

Una propuesta concreta

Me valgo para hacerla de muchos antecedentes (que omito, por ahora). Sólo adelanto que desde el nacimiento de la Patria, la cuestión tiene un tratamiento central. Para no irnos muy atrás, recordemos que el presidente Roque Sáenz Peña (propulsor de la ley del voto secreto, universal y obligatorio, democratizando la vida política -aunque al comienzo solo votaran los varones) también impulsó el impuesto al mayor valor de la tierra, a través de un Proyecto de ley que la oligarquía y los sucesivos gobiernos mantuvieron cajoneado desde  1912 a la actualidad. Así, la democracia política se fundaba en la democracia económica. 

Mi propuesta concreta para las tierras rurales es un pago anual equivalente al 25/1000 (veinticinco por mil) del precio de mercado. Para quienes habiten y tengan una adecuada producción en esas  tierras, la contribución será accesible (recordemos que se recortan otro conjunto grande de impuestos) resultando en un buen negocio. Para quienes las tienen al solo efecto de aprovechar el aumento de precios a expensas de las inversiones públicas o privadas ajenas, lo conveniente sería vender esas tierras. ¿A quiénes? A quienes las pueden usar con mayor provecho. Así fomentaríamos la ocupación de vastos sectores de nuestro desierto interior. 

Calle del pueblo, Paso San Isidro, La Rioja, Argentina

Las tierras rurales fiscales (que hoy están en manos del Estado) deberían ser otorgadas -por una extensa concesión de tiempo- a productores sin tierra. El canon sería su contribución territorial. De esta manera accederían a un espacio inalcanzable a través del mercado (por los altos precios de la tierra). Y, con créditos para las herramientas e insumos, (a través, por ejemplo, del Banco de Desarrollo), apoyatura técnica (a cargo del INTA, por ejemplo), la cobertura de infraestructura (que concierne al desarrollo e inversión en obras públicas) incrementarían el patrimonio familiar e irían valorizando todo el territorio. Se podrían poner en producción millones de hectáreas con sus implicancias económicas, sociales, democráticas y culturales; para las tierras urbanas hay que utilizar un razonamiento análogo. Quien ocupa los espacios céntricos, donde el metro cuadrado de tierra es mucho más caro, a igual superficie, pagaría más. Y tributarían menos quienes viven en las zonas periféricas.

Campos de siembra argentinos

Este criterio es justo: es la organización de la sociedad la que le da valor a la tierra

Sin sociedad la tierra no tiene valor. La seguridad, la defensa, la accesibilidad al lugar (a través de rutas, caminos, el ferrocarril, las vías navegables), la estabilidad jurídica, la justicia, la provisión de los servicios esenciales (como el agua, la luz, el gas, la comunicación, la salud, la educación), el contacto con nudos económicos (los centros comerciales, industriales, los puertos, los aeropuertos), la radicación de más personas en la zona, la sociabilidad, el desarrollo de proyectos, el embellecimiento del lugar, las plazas, los centros de recreación… prueban que es la sociedad la que le da valor a esa tierra. Y junto al crecimiento de la sociedad, el mayor precio. Esta plusvalía, llamada *renta*, es la fuente más legítima, moral y progresista con la que se pueden financiar las actividades comunes, a través de un Estado eficaz y eficiente.

 

En las sociedades mercantilizadas (donde todo se compra y se vende) el valor se expresa en un precio. Sobre ese precio de mercado se debe fijar la contribución territorial. El concepto de tierra = mercancía, no lo comparto. La tierra es un bien preexistente, su oferta es inelástica, su posesión limitada, etc. Alguien se la apropió. Legitima apropiación cuando surge de su ocupación y es fuente de vida. Ilegítima cuando se la posee por otros medios y para otros fines. La realidad impone que hoy es una mercancía, y las soluciones deben ser concretas, aquí y ahora. 

Es el saqueo

Según la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), Argentina se encuentra entre las naciones más urbanizadas del mundo”. El 92% de su población es urbana, muy por encima de la media mundial (54%) y por encima de la media de Europa (75%), de Estados Unidos (82,2%) y de la propia región de la que forma parte (83%). Tomando como base el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), hoy más de 6 millones de compatriotas viven en alrededor de 6.000 barrios carenciados, villas o asentamientos, y en condiciones de precariedad extrema. 

Barrio de emergencia en la provincia de Córdoba. (Fuente: argentinamunicipal. com.ar, 24/05/2017).-

Sobre los datos provistos por el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos), unas 8.5 millones de personas alquilan para tener un lugar digno donde vivir.  Se estima que “el déficit habitacional es de casi 4 millones de viviendas: 1,3 millones de familias necesitan una vivienda nueva y 2,6 millones tienen necesidades de ampliación y/o mejoras en sus viviendas.”

¿No vemos que en menos del 5% del territorio vivimos más del 90% de los habitantes? ¿No observamos que nos están encerrando en los grandes centros urbanos (y conurbanos) achicando las dimensiones del país para el pueblo, hasta el ridículo? ¿No nos damos cuenta de que despoblar (mediante artilugios como demonizar a los pueblos originarios), desalojar (a campesinos pobres), alienar (a la ciudadanía urbana de la ruralidad) es parte de una geopolítica que necesita el desierto para extraer sin contrapesos los bienes comunes? Siempre el saqueo. 

Regiones geográficas de Argentina

La tierra en la Argentina

Seguramente la percepción que se puede tener sobre el tema “tierra” no es la misma si se habita Austria que Argentina. El primero es un país europeo, cuya superficie es algo más de 80.000 km2, con una población de menos de 10 millones de habitantes, con una densidad de población de 110 habitantes por km2, país mediterráneo, sin mar. Argentina, según el Instituto Geográfico Nacional, tiene una extensión de tierras emergidas de 3.761.274 km2 (2.780.400 km2 en el continente americano y el resto en el continente antártico y archipiélagos), con más de 6.600.000 km2 de mar; cuya soberanía reclamamos como Estado nacional. Si tomáramos la superficie total (más de 10 millones de km2), tendríamos menos de 5 habitantes por km2. Si nos remitiéramos a la parte americana, somos 17 habitantes por km2. Esta comparación y estos números no son arbitrarios. Una parte importante de nuestra población desconoce o permanece desinteresada respecto a la inmensidad de nuestro territorio, al que no se le asigna valor si se lo desconoce. 

Cuento una anécdota

Años atrás, en algunas callecitas de Buenos Aires y a modo de encuesta, repetí una pregunta a muchos vecinos: ¿Qué proporción existe entre la superficie de la CABA y la superficie del territorio continental argentino?

Las respuestas fueron un despropósito. Ninguna bajó del 5% (siendo en realidad del 0,0072%). Sin duda se sobrevalora el lugar en el que se vive por sobre el que se desconoce. No sé lo que ocurrirá en otras zonas. Pero si hablamos de gobierno del pueblo sobre “algo”, la primera condición es conocer ese “algo”. En el caso que planteo no es una cuestión menor. Es el territorio nacional, sobre el que se debatió, se luchó y se dio la vida desde los albores de la Patria. ¿Y hoy nos resulta ajeno?  Con los agravantes del desmantelamiento del ferrocarril, nuestra vialidad es paupérrima y encima  quieren privatizar Aerolíneas Argentinas. Los partidos políticos parecen eludir el tema (porque “la audiencia se aburre con estas cosas y al Imperio no le gusta que estemos recordando que es nuestro y no de ellos”). La gendarmería (ocupada indebidamente en tareas de seguridad urbana) no nos habla ni nos muestra los rincones maravillosos de nuestra geografía. La prefectura no lo hace sobre nuestro mar, ni la Policía de Seguridad Aeroportuaria sobre nuestro cielo. Nuestras Fuerzas Armadas no son promotoras del conocimiento y la defensa de nuestra integridad; (permanecen allí, arrinconadas, en una suerte de penitencia infinita). El sistema educativo, que debería ser el vehículo para este conocimiento, no lo hace. El turismo desde la niñez, que podría ser otra herramienta para despertar un amor inconmensurable por la Patria, tampoco. (Sí compatriotas, se trata de  cultivar el amor por la Patria, que no debe confundirse con el chauvinismo ni con el patrioterismo barato. Que no excluye el amor por la humanidad, ni por la casa común: como predica el Papa Francisco). 

Si para los antiguos griegos el destierro podía ser peor que la muerte, no puede ser que los argentinos sigamos alienados de nuestro extraordinario territorio. 

El peso no es el problema

En estos momentos, en Argentina se discute intensamente el peso del Estado sobre la economía general. El gobierno tiene la pretensión de definir un porcentaje del PBI como parte de la solución. El Ejecutivo Nacional está “emperrado” en bajar el gasto público  de alrededor del 43% del PBI al 25%. Siendo el 43% el gasto y  38% la recaudación, hay un déficit primario de 5% (en este análisis se soslayan temas importantes: en 2023, año con sequía histórica, el déficit fue de 2,8%; tenemos un 40% de economía en negro y la principal fuente de déficit es la ilegal deuda externa. Es decir, se podría pensar en otras soluciones si ese fuera el problema). Sigamos. Reduciendo el gasto se pretende alcanzar el equilibrio fiscal. Pero en la dinámica económica las cuentas no cierran. Es un círculo vicioso. Al bajar el gasto público, se produjo una caída de la actividad y la correspondiente reducción de los ingresos (lo que redunda en la caída de la recaudación de impuestos), retornando al punto de partida (que es el déficit), con una economía más chica  y postergando el ansiado equilibrio fiscal. Por otro lado, tratar de llegar al equilibrio privatizando (vendiendo las joyas de la abuela) no se hace otra cosa que agudizar los problemas en el mediano plazo. 

Es que el problema no se resuelve por una cuestión cuantitativa. Milei cree que cuanto más se acerque a 0 el gasto (bajo la extinción del Estado, comprendido en el concepto de anarco- capitalismo) más cerca estaremos del equilibrio. Pero este es un error equivalente a los que creen que el Estado debe ser grande porque sí. Y que el déficit no es causante de distorsiones enormes en la economía.  Entonces con esta discusión entre el oficialismo y la oposición  nos entrampamos en un debate poco provechoso, en tanto no se dilucide correctamente el origen principal de los fondos con los que financiar las actividades irrenunciables del Estado.

Las Rentas Nacionales como frutos emergentes por asociación y crecimiento

La sociedad es, por definición, una asociación de personas que rigen su convivencia a partir de reglas (comprendidas en la Constitución, las leyes, los tratados, etc.). En el proceso de crecimiento de esa asociación van emergiendo “cosas” (ideas, actividades productivas, rentas, comercios, clubes o bibliotecas) que antes no existían. En sentido contrario, si la sociedad decrece (pensemos en los pueblos que se han extinguido) esas “cosas” tienden a desaparecer.

 

Aquí nos interesa el surgimiento de la “renta de la tierra”

¿De dónde brota esta renta? Nace de la necesidad social de usar más cantidad de tierra (fuese para habitarla, producir o trasladarse). Por lo tanto, solo emerge a partir de un nivel de desarrollo de la sociedad. Esas “cosas” (o en este caso, la renta de la tierra) no existen en una pequeña tribu que puede habitar, recolectar y trasladarse sin problemas. En cambio, a medida que la población crece (es probable que desde la creación del Virreinato del Río de la Plata al día de hoy, la población en nuestro territorio se haya multiplicado por 100, crecimiento exponencial que se puede observar en muy pocos lugares del mundo a lo largo de la historia) y se van necesitando nuevas tierras. Al incorporarse (bajo las formas de habitación, producción o tránsito) brota el fenómeno de la renta. Por ejemplo: si para abastecer de alimentos a un poblado, necesito incorporar una porción de tierra menos fértil y más alejada, “debo satisfacer el mayor costo de producción” en tierras que producen menos y suman el flete para su provisión. Así sube el precio de todos los productos provenientes de la tierra. Es en este caso donde las tierras más fértiles y cercanas, se ven beneficiadas con la suba de precios, dado que ahora no solo cubrirán los costos más la ganancia, sino que lograrán una “renta” por sus ventajas de fertilidad y cercanía (lo mismo puede ocurrir en zonas  urbanas. Como ejemplo, los primeros lotes que se venden alrededor de una estación de trenes. Al principio serán baratos y con el crecimiento de la población irán adquiriendo mayor valor. Esa es la renta de la tierra urbana).

El  asunto es que esas “rentas de la tierra” no son el fruto del trabajo o talento de una persona, familia o empresa; su origen es por el crecimiento de la sociedad. Es una creación social. Ésta y otras rentas deberían ser la fuente del tesoro público. Algo moralmente incuestionable, dado que nadie en particular es el creador de este fruto, puesto que solo brota por efecto del crecimiento y trabajo conjunto de toda la sociedad. Es la apropiación privada (que se sintetiza en el concepto de “saqueo”) de las rentas nacionales (que son comunes al conjunto de la población) el origen de nuestros desequilibrios, que se pretendieron solucionar a lo largo del tiempo con una permanente suba de impuestos, y que desalentaron el trabajo, la producción, la inversión y el consumo, estancándonos y atrasándonos, como estamos desde hace décadas.

Nota del autor: Empezaremos a salir de este laberinto cuando recuperemos las grandes rentas nacionales para el financiamiento de la cosa pública. Mientras tanto, deambularemos chocándonos contra las paredes de los intereses creados, que empobrecen al pueblo sin solución de continuidad.

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