El presidente Javier Milei lo dijo sin rodeos: ejercerá crueldad con los empleados públicos porque, según él, son los responsables de la pobreza al vivir de los impuestos de los demás. Esta afirmación no sólo es falaz y peligrosa, sino que encubre una persecución política e ideológica sin precedentes en democracia.
Por Daniela Fariña para Argentina en Red
Detrás del relato del déficit cero y del “sacrificio necesario”, se esconde una operación orquestada por algunos empresarios ligados al crimen organizado, que buscan eliminar la estructura estatal a la que consideran peligrosa. Además, buscan demonizar lo público y justificar despidos masivos sin procesos transparentes ni evaluación técnica. ¿Es esto una medida económica o un castigo ejemplificador contra quienes representan otro modelo de país?
¿Pero quién genera pobreza? ¿El empleo público, o la deuda y el ajuste sin control?
Según el propio Ministerio de Economía, a 2025 la deuda total supera los USD 464.000 millones. Solo en el último año, aumentó en más de USD 90.000 millones.
Mientras se despiden trabajadorxs, se siguen pagando intereses a bancos y organismos internacionales sin que se informe con claridad a dónde va esa plata. El presidente sigue usando los fondos públicos para hacer campaña internacional y es capaz de promover una estafa con una criptomoneda y pasar de largo por ello.
Entonces, ¿cómo puede Milei afirmar que la causa de la pobreza son los salarios de maestras, administrativos, médicos, científicas, trabajadores municipales, o personal de cultura? ¿O serán las diferentes personas honestas el verdadero peligro para que no haya un control o cualquier tipo de transparencia ante el manejo de nuestros recursos naturales? ¿Si “Suley” se muestra abiertamente vinculado a intereses extranjeros no hay una posibilidad de que el Estado pequeño le sirva a quienes quieran nuestros recursos naturales?
Como cuando despertás de una estafa, porque es exactamente lo mismo, estamos viendo el despertar lento de nuestro propio inconsciente colectivo. Ya se nota que el relato neoliberal invierte la lógica: culpa a quienes trabajan de sostener al Estado, mientras oculta el costo real de financiar la deuda, subsidiar a grandes empresas y mantener privilegios de sectores concentrados.
Si el odio es política de Estado, si hay violencia sistemática y trabajadores públicos bajo ataque mientras crece la deuda sin fin: ¿quiénes viven de quiénes?
Lo indecible: Persecución ideológica bajo cobertura económica
La OIT establece un marco legal claro que define y criminaliza la violencia y el acoso, y las cataloga de Lesa Humanidad cuando son sistemáticos o institucionales, en el Estado.
A este punto quiero llegar, como siempre hablando de aquello que el silencio oculta en el discurso público. Interpelando la comunicación como campo de estudio:
La violencia laboral ejercida de manera sistemática dentro del Estado ya está estudiada por el Derecho Internacional y comprende la idea de que es un delito de Lesa porque destruye las instituciones democráticas. Porque ya ha sucedido que se han robado todo lo público luego de la persecución sistemática de los trabajadores estatales. Si los despidos son por sus ideas, abiertamente pronunciado, deberíamos temblar ante la señal de un crecimiento de la impunidad en la justicia.
Más allá de los números, lo que se está gestando es una política de exclusión estatal basada en la ideología del odio. Milei no persigue el déficit, persigue identidades: docentes, empleados públicos, estatales, sindicalistas, científicos, artistas, defensores de derechos humanos. La motosierra no es solo una metáfora fiscal: es una forma de disciplinamiento ideológico. Es fascismo. Es violencia. Es delito.
Sí, este tipo de persecución sistemática encuentra un límite jurídico internacional. Está normada y no se dice. El Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) define la violencia laboral como:
“Un conjunto de comportamientos o prácticas inaceptables, ya sea que se manifiesten una sola vez o de forma repetida, que tengan por objeto o puedan causar daño físico, psicológico, sexual o económico” (Art. 1).
El mismo, señala que los Estados tienen la obligación de prevenir, prohibir, investigar y sancionar estos actos, especialmente si son sistemáticos, como lo sería un plan de despidos masivos con declaraciones públicas que estigmatizan a un sector social.
Según el Convenio 190, corresponde una intervención urgente: investigación, denuncias, sanciones, reparación. Entonces sí, están vinculados a violaciones de derechos humanos ‒violación de la dignidad, integridad psicológica, libertad e igualdad‒ y pueden considerarse delitos de lesa humanidad en casos de campañas organizadas o sistemáticas contra empleados públicos. El Convenio obliga, además, a los Estados a investigar, sancionar y reparar, incluso con medidas penales si es necesario.
Cuando un gobierno está operando bajo una lógica de violencia estructural que vulnera tratados internacionales, derechos laborales y la propia Constitución Nacional, ¿Qué se hace?
Y cuando al mismo tiempo se incrementa la deuda externa sin control, sin auditoría pública, sin informes accesibles, la pregunta es inevitable: ¿Quiénes son realmente los que viven de los demás?
Conclusión: la crueldad no es necesaria, es ideológica
La historia muestra que los grandes ajustes no eliminan la pobreza, la multiplican. Que despedir empleados no mejora la economía, la precariza. Y que el odio hacia el Estado es siempre una excusa para beneficiar a los mismos sectores de siempre.
Sabemos que detrás de este primer paso destructivo, si se deja avanzar la violación de derechos humanos, viene luego el odio con su amiga la muerte, amantes de una adrenalina difícil de comprender. El progresismo y la moral altruista son el verdadero enemigo del psicópata. Y detrás de su estafa es probable que vayan por la democracia una vez más.
Punteo resumen:
- El empleo público no es un privilegio, es una función social.
- La deuda no se traduce en bienestar, sino en dependencia y sufrimiento popular.
- La crueldad no puede ser una política de Estado.
- La OIT y los tratados internacionales ofrecen un marco claro para denunciar y resistir estas violencias.
- Debemos exigir auditorías ciudadanas del uso de la deuda.
- Impulsar denuncias por persecución ideológica y violencia institucional ante la OIT, organismos de derechos humanos y la justicia nacional.
- Debemos documentar despidos masivos, discursos de odio y medidas de ajuste como parte de un plan sistemático.
- La lógica de los estafadores es la que prima en el discurso: la culpa es de la víctima, y lo vuelven a repetir hasta que ya no puedan más. Hasta encontrar el límite.
Convenio completo:
https://www.ilo.org/es/media/220856/download
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