De Jorge Francisco Cholvis para Argentina en Red
Ciclo de textos de carácter semanal para iniciar y profundizar el debate constitucional y político.
Descripción general:
“Soberanía. Independencia política formal – dependencia económica real, y nuestro tiempo en Argentina. Justicia Social”.
El modelo correspondiente a la concepción tradicional de soberanía es el estado integrado en lo político y económico. En él la estructura político-jurídica converge en el plano de la Nación. Aquí, el modelo de los países que no han logrado aún o no gozan de la independencia económica es el del Estado no integrado. En este caso, la estructura política aparece formalmente realizada en el plano nacional, pero la estructura económica se encuentra integrada con la economía de los estados de alto desarrollo que efectivizan su esquema dominante, el que también está compuesto por distintos organismos internacionales como el F.M.I., los grandes conglomerados del capital financiero, y los medios concentrados de comunicación social, que coadyuvan a ejercer su predominio. De tal forma ejercen el control político y económico de los pueblos sometidos.
Se debe señalar que, en la concepción tradicional, la soberanía se define exclusivamente por sus elementos político-institucionales. Confrontando ese concepto con la realidad de los países que padecen la antinomia independencia político formal- dependencia económica real, la definición tradicional revela inmediatamente su carácter abstracto y su falta de adecuación para reflejar una correcta relación entre la forma jurídica de la soberanía y el contenido económico-social que ella expresa.
El Estado subdesarrollado conserva los atributos formales del autogobierno, pero las decisiones efectivas le son impuestas. De tal forma el capital imperial captura los mercados por dentro, haciendo suyos los sectores claves de la economía, como la industria local y los recursos naturales. Por lo que, es necesario remarcar ello cuenta con la ayuda entusiasta de gobiernos subordinados que actúan en el marco de la independencia política-formal, y lo que sibilinamente le imponen desde el F.M.I. y organismos internacionales que ocupan espacios económico-financieros y culturales.
La libre inversión de capitales extranjeros con la finalidad de máximas ganancias, el manejo del ahorro social a través de bancos y compañías de seguros extranjeras, la odiosa “deuda externa”, la administración foránea de las fuentes energéticas, la dirección del comercio exterior por los monopolios internacionales, configuran un país dependiente, porque estos elementos arman una estructura económica que engrana, como pieza auxiliar con la estructura económica de los grandes grupos del capital financiero y de los países de alto desarrollo. Ello subraya la situación de la mayoría de los países indesarrollados y define los rasgos esenciales del neocolonialismo.
Entonces, también es indispensable señalar que en los países dependientes y en Argentina hoy es evidente, que existe un grupo privilegiado de nativos que, apoderándose de los resortes institucionales del poder mantienen relaciones de alianza y complementación con gobiernos y conglomerados internacionales, disponen los recursos económicos del país y conservan esa dependencia, porque son quienes se benefician de las estructuras de producción y distribución de la riqueza social mediante las cuales los países dominantes expolian a los sectores populares al no permitir que los recursos naturales, financieros y humanos se desarrollen plenamente con miras a lograr que el pueblo entero participe de los bienes de la civilización; sino que llevan a que se desarrollen parcialmente y en la medida que secunden a las economías de los países dominantes. A ese grupo privilegiado de nativos en etapas pasadas se lo denominó oligarquía terrateniente, y actualmente bien cabe identificarlo con el nombre de oligarquía diversificada o financierizada, dada su variada composición.
Por ende, al observar el concepto de soberanía como atributo de un Estado, es indispensable tener presente que la esencia de ella está determinada en última instancia por su estructura económico-social. La pérdida del dominio real sobre los comandos de la vida económica hace que todo el concepto de autogobierno quede subvertido. Pues dependencia económica y dependencia política son dos expresiones o facetas de un mismo fenómeno, y una gravita sobre la otra merced a un constante proceso de flujo y reflujo.
Sin duda, tal cual ocurre actualmente en nuestro país, dependencia económica y subdesarrollo operan como factores en directa interacción y aseguran la subsistencia de las estructuras que impiden una efectiva vigencia de la soberanía. Y ello incide directamente en el condicionamiento socio-económico que ocasiona la falta de vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales, lo que afecta a la mayoría de la población. Por lo que cabe remarcar, es obligación del Estado darles vigencia plena según el marco constitucional y tal como establece el “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” instituido en el artículo 75, inc. 22 y conc. de la Constitución Nacional. Por consiguiente, al Estado no hay que destruirlo, sino por el contrario definir las políticas y los medios necesarios para poder cumplir ese elevado objetivo constitucional y convencional. Entonces, la grave crisis que afecta a nuestro país producto de tal orden económico-social “neocolonial”, compromete gravemente la realización de los principios y valores fundamentales asociados con el derecho a la vida y la dignidad humana. Y, por tanto, alcanzar la independencia económica debe ser primordial para el logro de la Justicia Social tal como establece el art. 75, inc. 19 Constitución Nacional.
Por último, cabe remarcar que, para terminar con este presente de subdesarrollo y pérdida de derechos humanos básicos, es prioritario construir el motor del proceso social que lo lleve a cabo. Definamos el ámbito, la mesa y la agenda de tareas u
objetivos, pero también la senda para alcanzar tan necesario logro.
Así hemos de alcanzar la alternativa efectiva de poder político nacional que nos permita tener una capacidad suficiente de decisión nacional y no quedar reducidos a la situación de estados en apariencia que conservan los atributos formales del poder, pero no su esencia. Por lo expuesto, es necesario concluir que la Justicia Social no es meramente un “engaño retórico”. También que la plena libertad se alcanza cuando los miembros de la comunidad política logran gozar dichos derechos económicos, sociales y culturales que tienen jerarquía constitucional. Así es que la prueba de la Justicia o la injusticia en la sociedad es la manera en la que se responde a las necesidades generales por medios de políticas públicas, y se alcanzan los derechos básicos que hacen a la plena dignidad humana.
Jorge Francico Cholvis
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